Revisar la historia de la última década en Bolivia implica recorrer ondas procesuales de deconstrucción y construcción de instituciones. El siglo XX se despidió inaugurando un conjunto de movilizaciones sociales, advertidas con fuerza desde el año 2000, situación que dieron pie a restablecer la política en las calles: movilizaciones sociales surgidas como efecto a políticas públicas liberales que se volvieron manifiestos, masivos y violentos desde ese año con la denominada Guerra del Agua en Cochabamba, los diversos bloqueos en el altiplano y el Chapare entre 2000 y 2005, diferentes acciones colectivas en zonas urbanas, siendo la de mayor connotación la acaecida el año 2003 en El Alto y La Paz por la negativa de venta de gas boliviano por puertos chilenos que desembocó en violencia extrema por parte del Estado y el cambio de presidente.
Pero las movilizaciones sociales implican un trasfondo estructural, y la culpabilidad achacada a las políticas liberales evitan observar dos componentes transversales en la historia boliviana; por una parte el vacio de poder real que vive el país desde hace décadas, que en el mejor de los casos se remonta hasta la época de los “barones del estaño”, se hizo más visible, por ésta razón no se vislumbraba a un sujeto, agente o conglomerado social que pudiese tener la posibilidad de plantear un horizonte común, o menos aún un dominio hegemónico en el sentido de construir un gobierno de concertación. El vacío de poder se expresó en un estado de insubordinación social y ausencia de orden o respeto a la normativa legal, misma que cedió la prevalecía a otra “norma” no formal incluso representada, en los momentos más visibles de la crisis (febrero y octubre de 2003), por la “ley del más fuerte”.
El otro componente de la crisis es el desajuste existente en el funcionamiento de las instituciones del Estado y entre éstas con la sociedad boliviana, entre las que se advirtió un desequilibrio orgánico cuyo extremo no sólo radicó en la incapacidad de las instancias estatales para cumplir sus funciones legales sino, en muchos casos, en el hecho de que lejos de ajustarse a su mandato legal, muchas veces lo violentaron, situación que coadyuvo al desacato de la normativa formal.
El descontento social con la forma de gobernar, la decepción con una “democracia” de la que se había esperado y pedido mucho, más de lo que en realidad podía entregar, devino, a partir de periodos altamente conflictivos y sangrientos, en lo que podemos catalogar como un “periodo de rediseño del Estado” que empezó a concretarse en la práctica con el contundente triunfo del Movimiento al Socialismo Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) y elección como Presidente Constitucional de la República de Bolivia de Juan Evo Morales Ayma en las elecciones generales a finales del año 2005.
El Estado usualmente es la expresión de estructuras y culturas dominantes sobre los cuales diversos actores se revelan y tratan de transformarlas, así se habla de violencia estructural y cultural; en ese sentido rediseñar un Estado implica una alta probabilidad no solo de conflicto sino también de violencia directa. “Hechos y no palabras” fueron una constante boliviana en la primera década del Siglo XXI que busca ser recordada por iniciar la “Coyuntura del Vivir Bien”, por lo menos en términos discursivos.
A partir de 2005 las concentraciones masivas se trasladaron a Santa Cruz, Beni y Tarija en principio y luego a Chuquisaca (Sucre) y La Paz con los denominados “cabildos por autonomías” y “cabildos por la Sede de Gobierno”, tampoco se puede dejar pasar por alto otras manifestaciones de reivindicación regional inflamadas por los sucesos que la dinámica política produjo en los últimos cinco años.
La construcción institucional continuó con la redacción y aprobación de una Nueva Constitución Política del Estado y la profundización de la descentralización política y administrativa a partir de la discusión teórica y técnica para entregar mayores competencias ejecutivas y normativas a los niveles sub nacionales, que preferentemente fue denominado “autonomía”.
El proceso de rediseño del Estado llevó a la aprobación de una Nueva Constitución Política del Estado, cuya construcción sufrió momentos de discrepancia, conflictividad y violencia desde la convocatoria y posterior sesión de una Asamblea Constituyente, pasando por mesas de concertación y ajuste a la propuesta inicial, hasta la convocatoria a un referéndum para su aprobación y el proceso electoral que ésta implicó con la reelección de Evo Morales en diciembre de 2009 como el primer Presidente del naciente Estado Plurinacional de Bolivia –que despedía a la República, depositándola en cajones de la historia-, la elaboración de Leyes Estructurales tales como la del Órgano Electoral Plurinacional, del Órgano Judicial, del Régimen Político Electoral, del Tribunal Constitucional Plurinacional y la reciente Ley Marco de Autonomías, necesarias para continuar con la construcción institucional formal, mismas que permitieron las elecciones de gobernadores, alcaldes, concejos municipales y departamentales realizadas en abril de 2010 y que continuó con la elección de los miembros del Poder Judicial en octubre de 2011.
Indudablemente el proceso actual le debe mucho a la imagen del actual gobierno central de ser representativo de segmentos sociales históricamente excluidos, fundamentalmente catalogada como indígena; un efecto fue la reconfiguración del sistema político que llevó a pensar, tal vez ingenuamente, que nacían dos grandes fuerzas políticas: por un lado MAS-IPSP y otra, conformada por representantes de segmentos y fuerzas políticas que ostentaron el poder desde mitades de la década de los 80 del Siglo XX.
El sistema político boliviano en realidad mantuvo la característica de conformación de coaliciones para alcanzar el control de los poderes legislativo y ejecutivo, mecanismo más conocido en Bolivia con el nombre de “democracia pactada”, con un sistema de partidos moderado; las diferencias recayeron en la forma de la articulación de dichos pactos y de los actores participantes, pues de ser realizados una vez concluidas las elecciones y con bancadas partidarias legislativas conformadas se paso -para la las elecciones generales de diciembre de 2005- a la conformación de alianzas en torno a “caudillos”, el más destacado fue el del MAS-IPSP que aglutino, a partir de alianzas formales e informales, a segmentos y movimientos sociales abriendo así la oportunidad a nuevos actores de participar en una coalición sin la necesidad de tener presencia en el Poder Legislativo, así mismo la presencia de una oposición política desarticulada e incapaz de realizar una propuesta alternativa que se esforzó por aglutinar en torno suyo a diferentes fuerzas políticas, fundamentalmente agrupaciones ciudadanas y segmentos de tendencia liberal-conservadora.
El sistema de partidos continuó siendo moderado con la participación y representación congresal de cuatro fuerzas políticas. Se podría pensar que el sistema de partidos mantuvo la tendencia, desde las elecciones de 2002, de constituirse en centrípeto, es decir tendiendo a disminuir la cantidad de fuerzas políticas a diferencia de lo sucedido durante la década de los 90 del siglo pasado cuya tendencia fue la fragmentación e incluso la atomización, llegando a conformar 9 fuerzas políticas dentro el sistema de partidos. Se consideran parte del sistema de partidos aquellas fuerza políticas que tienen “capacidad de chantaje” dentro el poder Legislativo, es decir la posibilidad de permitir conseguir mayorías congresales para la conformación del Ejecutivo y la aprobación de leyes y políticas públicas.
Desde la generación de opinión pública, a través de medios de difusión masiva, se lanzó la idea de que el sistema de partidos boliviano tendía hacia el Bipartidismo e incluso a la de Partido Hegemónico y se diferenció a un oficialismo constituido por el MAS-IPSP con la oposición conformada por el resto de las fuerzas políticas presentes en el Congreso Nacional hoy llamada Asamblea Legislativa Plurinacional , de tal suerte existió una obsesión por encontrar solo dos tendencias no solo partidarias sino ideológicas, cada una con legitimad.
Más allá de las imágenes y escenarios expuestos por los generadores de opinión pública encontramos que existen muchas más posiciones que las dos tendencias antes mencionadas, pues dentro una coyuntura marcada por sentimientos, necesidades, demandas históricas e intereses no solo de tinte ideológico, sino también regionales, sociales, étnicos, corporativos e incluso particulares que hace de las supuestas tendencias únicas una pluralidad segmentada y compleja que están en pugna de poder y que reconfiguran en el mediano plazo el suelo político boliviano, misma que no es visible, o no se la quiere hacer visible, a partir de la poca voluntad de los generadores de opinión pública, del gobierno central y de la oposición para difundir información plural que permita a los ciudadanos poder tener la posibilidad de discernir razonablemente en los procesos de referéndum y electorales que se han dado desde las elecciones de 2005.
El proceso de rediseño del Estado deseado por todos los actores ha tomado caminos distintos, el mayor quiebre se refirió justamente al Modo de Estado Compuesto (1), que adoptó Bolivia, cuyas posiciones se radicalizaron a partir de los intereses contradictorios de los diferentes actores en disputa, así el proceso de descentralización que construye éste Modo de Estado no fue resuelto ni mucho menos acordado en el ceno de la Asamblea Constituyente por las injerencias que le hicieron perder su independencia.
El camino que se recorrió para alcanzar un Modo de Estado Compuesto han hecho visibles los diferentes clivajes que tiene Bolivia: urbano – rural, sociales, étnicos, regionales e históricos, mostrando la pre-existencia, tal vez inconsciente, de un positivismo social o señorialismo (darwinismo social) tanto en los lideres sociales, corporativos y políticos del país como en buena parte de su ciudadanía expresada en intolerancia y rechazo a lo “diferente”.
La renovación del personal político gubernamental y la democracia pactada pre electoral con la intención de impulsar proyectos de colaboración de “clases” que quiere encarnar el gobierno de Evo Morales, no significaron la recomposición del régimen político debilitado en crisis producto de la erosión de los sistemas de partidos y de la deslegitimación de las instituciones democráticas después de dos décadas de haber salido del periodo de dictadura militar.
El llegar al gobierno con una fuerza inusitada genero la idea insistente que la misma no varía y mucho menos disminuye, pero las relaciones de fuerza no son una situación estática, no se miden en una balanza o como en la física, por el contrario es un proceso muy dinámico.
Todo ejercicio de gobierno tiene un precio: el desgaste político, pues, entre otras razones, en ejercicio de gobierno no se puede beneficiar a todos por igual y al mismo tiempo, y las decisiones asumidas no siempre son del agrado de todos. Esta es una de las razones por las cuales las relaciones de fuerza cambian y se debilita la imagen del gobierno.
Los procesos electorales mencionados y la posterior elaboración de “Leyes Estructurales” que está construyendo la Asamblea Legislativa Plurinacional implican momentos dentro el proceso coyuntural al que se encaminó Bolivia y que aún vive dentro el “Rediseño Estatal”, similar al que vivió desde 1985 cuando pasó de un Capitalismo de Estado a otro Liberal bajo la línea del Consenso de Washington , la diferencia actual está en la profundización de la descentralización al pasar de un Estado Simple a otro Estado Compuesto.